Nota original publicada en El Sol de México
En México, la seguridad vial es un tema de salud pública. El país ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en fatalidades por hechos viales y el segundo en América Latina. Cada año se pierden más de 16 mil vidas en estos incidentes, con un impacto económico anual que alcanza los $204 mil millones de pesos.
El trasfondo no radica solo en las cifras, sino en dos retos estructurales. Por un lado, la magnitud del problema se subestima: solo el 3.8% de los mexicanos dimensiona la gravedad que representa para el país los hechos viales, según la Encuesta de Percepción sobre Seguridad Vial realizada por Fundación Aleatica.
Por otro, el diseño de las vías sigue sin incorporar de manera suficiente infraestructura perdonadora, clave para evitar que los errores humanos resulten en lesiones graves o pérdida de vidas.
Ante este panorama, la solución no es únicamente reconocer el problema. Se requieren herramientas técnicas que permitan evaluar riesgos, jerarquizar intervenciones y asignar recursos a partir de evidencia cuantificable.
En ese esfuerzo, iRAP (International Road Assessment Programme), cumple un papel central como organización dedicada a salvar vidas mediante la evaluación de carreteras. Su metodología, promovida por la ONU como estándar internacional, se estructura en cuatro etapas: análisis de riesgo, calificación por estrellas, definición de planes de inversión, y monitoreo del desempeño de las vías.
Este sistema calificatorio traduce el análisis técnico en una medida clara del nivel de seguridad. Al inspeccionar más de 50 características que inciden en la probabilidad de que ocurra una colisión y su nivel de severidad, entre ellas zonas de escape, barreras de protección y señalización efectiva.
Con base en el puntaje obtenido, iRAP asigna 5 rangos que se representan por medio de estrellas, donde una indica el nivel más bajo y 5 el más alto. Cada mejora en la clasificación reduce el riesgo. De una a dos, pueden reducir las fatalidades a la mitad, mientras que tres o más son significativamente más seguras.
Los resultados son consistentes. En términos sociales, las iniciativas basadas en este enfoque han salvado cerca de 700 mil vidas en 74 países desde 2016, según un estudio de la Universidad Johns Hopkins. En el ámbito económico, una inversión sostenida en infraestructura más segura puede representar retornos cercanos a 16 veces su monto.
Para que ese potencial se materialice, el sector privado es un habilitador al incorporar estos estándares en la planeación, diseño y operación de los proyectos.
En México, ya existen ejemplos de esta implementación. Aleatica es pionera en obtener la certificación de cuatro de sus concesiones, con vías que alcanzan las tres y cuatro estrellas, como la autopista Atizapán-Atlacomulco. En un periodo de cuatro años, a través del Programa de Reducción de Accidentes y con una inversión superior a $200 millones de dólares, logramos reducir en 30% las fatalidades.
Las soluciones ya están puestas sobre la mesa, sin embargo, sigue pendiente que la seguridad vial se integre como un criterio central en la planeación y financiamiento de la infraestructura vial. Asumirla como una prioridad permitirá que metodologías basadas en evidencia, se incorporen de forma sistemática en el desarrollo y operación de cada carretera en México. Esto permitirá tomar decisiones técnicas informadas, elevar de manera consistente los estándares de seguridad y avanzar hacia una red vial más segura y resiliente.