Salvar vidas y cuidar la integridad de las personas durante sus trayectos exige que se coloque a los usuarios en el centro de las decisiones sobre el diseño y operación de la infraestructura vial. Es urgente contribuir a cambiar la realidad global en la que el transporte terrestre es causa de 1.35 millones de muertes al año y más de 50 millones de lesionados.
El 90% de estas muertes y lesiones ocurren en países en desarrollo con un fuerte impacto económico en sistemas hospitalarios, de pensiones, primas de seguros, entre otros, por lo que el diseño y la adecuada operación de las carreteras son un factor crítico para el bienestar social.
Los criterios para el desarrollo de infraestructura deben tomar en cuenta las 12 Metas Mundiales de Desempeño de Seguridad Vial de las Naciones Unidas, que deben ser alcanzados hacia 2030. Específicamente, dos metas se enfocan en infraestructura, y buscan que, para esa fecha, más de 75% de los desplazamientos por las carreteras actuales cumplan las normas técnicas de seguridad vial, y que todas las carreteras nuevas tengan una calificación de 3 o más estrellas de acuerdo con la metodología del Programa Internacional para la Evaluación de Carreteras (iRAP). Esta es una organización que trabaja de forma multisectorial en casi 130 países para brindarles herramientas, capacitación y apoyo gratuito para hacer las carreteras más seguras.
La metodología evalúa la infraestructura a partir de los niveles de seguridad: donde 1 estrella representa el riesgo más alto y 5 estrellas el más bajo. Esta clasificación indica que las vías más seguras cuentan con características como barreras que separan ambos sentidos; protección en los costados; privilegian los trazados con líneas rectas; y separan los flujos de carga y transporte. Cada incremento en la clasificación de estrellas reduce a la mitad el riesgo de muerte o lesión grave para una persona.
En México se registran más de 24 mil muertes al año por accidentes de tránsito, una tragedia diaria para más de 65 familias. El costo anual de las muertes y lesiones por hechos de tránsito asciende a $36.1 mil millones de dólares, lo que equivale a 3.4% del PIB. Para enfrentar este desafío y cumplir con la meta mundial de desempeño en las normas técnicas de seguridad vial hacia 2030, se requiere invertir $12.3 mil millones de dólares, esto es, solo un 0.09% del PIB anualmente: la inversión es menor y con ello, se reduciría más de 30% de las fatalidades.
Pero salvar vidas, implica un esfuerzo multifactorial, en el que cada elemento del ecosistema contribuya a transformar el panorama de seguridad vial. La experiencia nos indica que es mejor apostar por estrategias preventivas, que tienen un menor costo y un mayor impacto.
Si bien en México tenemos un largo camino por recorrer, también tenemos avances. Aleatica, operadora líder de infraestructura de movilidad, lleva varios años trabajando de la mano con iRAP para certificar sus vías, incluso desde su diseño. Por ejemplo, la autopista Atizapán – Atlacomulco, que está por iniciar su construcción, se encuentra evaluada en casi 4 estrellas.
Como operadores de infraestructura carretera tenemos el conocimiento y la experiencia para materializar la reducción de siniestros a partir del factor vial. Para ello, debemos apostar por la operación y el diseño de vías atendiendo tanto las Metas Mundiales de Desempeño, como el enfoque de Sistema Seguro que promueve el Segundo Decenio de Naciones Unidas para la Seguridad Vial; en este sentido debemos promover infraestructura más segura que proteja a los usuarios y perdone el error humano.
La cooperación y la interlocución entre los sectores público, privado y social son indispensables para crear sistemas de movilidad seguros. Desde las alianzas, y el trabajo en conjunto, se puede hacer tangible el derecho digno a la movilidad y a la seguridad vial en México y América Latina.
Nota original publicada en Milenio
